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El ascensor, una cuestión de mayorías

Escrito por Administrador, el 21 abril, 2011. Archivado en Casos prácticos

Conflictos en comunidades de vecinos

Entre los casos de conflicto más usuales que se encuentran en una comunidad de propietarios, sin duda la instalación de un ascensor ocupa un lugar preferente. Y es que lo tiene todo para convertirse en una fuente de disputa entre los vecinos: su instalación es costosa, puede afectar a varias viviendas, y enfrenta a distintos intereses y situaciones personales en la escalera.

La Ley de Propiedad Horizontal (Ley 8/1999, de 6 de abril) establece que para poder proceder a la instalación de un ascensor se necesitará, incluso cuando suponga la modificación del título constitutivo de la finca o de los estatutos de la comunidad, el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios. Estos, a su vez, deben representar al menos las tres quintas partes de las cuotas de participación.

Sin embargo, la ley también contempla que este quórum cambie si se dan condiciones especiales en el edificio. Así, si en él residen personas mayores de 70 años, o vecinos con discapacidades motrices demostrables, bastará con la aprobación de la mayoría de los propietarios. En este caso, se considera que las obras de instalación están destinadas a la supresión de barreras arquitectónicas para facilitar la integración de estas personas.

Si no se consigue esta mayoría, la ley no obliga a la instalación del ascensor, pero sí a realizar obras que supongan una mejora a la accesibilidad, siempre que su coste no sea superior al de tres mensualidades de gastos de la comunidad. Es decir, si hay 10 vecinos que pagan 100 euros mensuales cada uno, la ley permitiría un umbral de gasto de 3.000 euros.

Con un gasto inferior a tres meses de cuotas no se pueden sufragar los gastos de un ascensor, pero sí la instalación de otras medidas, como una rampa de accesibilidad o un elevador para sillas de ruedas. Si, incluso sin la aprobación de la mayoría de vecinos, los propietarios favorables al ascensor siguen manteniendo su empeño en instalarlo, pueden costearlo por su cuenta. Eso sí, una vez en servicio no pueden impedir que el resto de vecinos lo utilice. Pasará a formar parte de los bienes comunes de la comunidad y todos los propietarios podrán disfrutar de él.

Si, por el contrario, se consigue la mayoría necesaria para la aprobación de la medida, todos los vecinos sin excepción deberán contribuir a su coste, independientemente de sus preferencias, su situación económica u otras circunstancias personales. Incluso los propietarios de locales comerciales o pisos bajos, normalmente poco favorables a ascensores, deberán acatar la resolución adoptada en junta. En caso contrario, pasarán a ser morosos y, como tales, se podrán iniciar contra ellos las acciones legales que sean necesarias para reclamar el adeudo de las cantidades impagadas. Los propietarios también estarán obligados a ceder, si fuera necesario, parte de su vivienda para la instalación de la caja o la maquinaria del ascensor, siempre tras el cobro de la correspondiente indemnización.

 

 

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