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El Tribunal Supremo anula las multas puestas desde el año 2010 por los Agentes de Movilidad de Madrid.

Escrito por Cesareo Guerra, el 10 abril, 2015. Archivado en Noticias y novedades legislativas

Una reciente sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo posibilita la devolución de multas de tráfico puestas por los Agentes de Movilidad de Madrid desde el año 2010. Los Agentes de movilidad no podrán poner multas sin haber parado y comunicado la infracción al conductor (salvo que provoque peligro en el tráfico razonándolo por escrito el Agente de movilidad).
El Alto Tribunal viene a estimar el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid confirmando la nulidad de la letra d) del art. 99 de la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid de 26 de diciembre de 2005, en la redacción dada a la misma en virtud del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 30 Nov. 2010.
Esta sentencia confirma la de fecha 8 de marzo de 2012, de la Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, del TSJ Madrid, que ya había declarado que la redacción dada a dicha letra d) del art. 99 de la Ordenanza infringía el principio de jerarquía normativa y debía ser anulada. El Ayuntamiento recurrió el fallo en casación ante el Supremo para impedir su firmeza.
El Tribunal Supremo ha confirmado la declaración de ilegalidad pronunciada por el TSJ Madrid, bajo la base de que el supuesto de excepción a la notificación en el acto de las denuncias de tráfico es el previsto en el artículo 76.- 2.a. del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y seguridad vial, aprobado por el RD Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la redacción dada por la Ley 18/2009, es decir, cuando la detención del vehículo pueda originar un riesgo para la circulación de vehículos y sus ocupantes.
El Alto Tribunal señala que siendo suficientemente explicita, sencilla y clara no habría razón para admitir un texto reglamentario que amplía con respecto a ella la posibilidad de demorar una notificación que en principio y para garantía tanto de la Administración como del denunciado debe realizarse en el acto.

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