Por Cesáreo Guerra Galí
Publicado en la Revista de Padres Juristas del Colegio Retamar. Febrero 2013.

El derecho de las comunicaciones comprende, entre otros, el derecho de información (derecho a informar y ser informado) y el derecho a la libertad de expresión.

Estos derechos se reconocen en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 2000/C364/01 en cuyo artículo 11 dice:

”Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir y comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.
Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.”

El TJCE ha venido incorporando estos derechos fundamentales en sus sentencias y los estados miembros de la UE han venido transponiendo directivas a sus ordenamientos jurídicos en amparo al derecho y libertades de la comunicación.

En el derecho español, la libertad de de expresión y el derecho de información son reconocidos como derechos y libertades fundamentales en nuestra Constitución de 1978, concretamente en su artículo 20.1 a). Define la libertad de expresión como:

“…el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, y opiniones mediante la palabra el escrito o cualquier otro medio de reproducción.”

El derecho de Información es también un derecho constitucional regulado en el art 20.1 d) reconociéndolo como el derecho a:

“…comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

Por tanto, la libertad de expresión se dirige a las ideas y a las opiniones y, por el contrario, el derecho de información se basa (o debe basarse) en hechos veraces. Véase que no dice la Constitución hechos ciertos o verdaderos. Veraz es una noción cercana a la verdad pero no se exige que sea verdad ‘strictu sensu’. La información veraz es lo que está protegido constitucionalmente. Veraz es todo aquello o aquel que tiene que ver con la verdad. En las noticias de TV, puede considerarse información veraz y por tanto protegido constitucionalmente, lo que un testigo presencial diga al periodista o lo que el periodista con más o menos acierto transmita basándose en fuentes veraces.
El requisito constitucional de veracidad ha sido explicado por el Tribunal Constitucional (STC 154/ 1999) cuando dice:
“…exigir del informador un específico deber de diligencia en la búsqueda de la verdad y en la comprobación de la información difundida de tal manera que lo que transmita como hechos o noticias haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos o fuentes informativas de solvencia”
Es decir, podemos determinar que la libertad de expresión parece que no tiene por qué limitarse a la veracidad. La libertad de opinión es un derecho amparado constitucionalmente y que está conectado al derecho de libertad de conciencia. Para los profesionales de la comunicación se reconoce y ampara la libertad de conciencia en la Ley Orgánica 1/1997 de cláusula de conciencia. Esta ley ampara a los profesionales que trabajan en los medios de comunicación a negarse a informar sobre determinada noticia en el medio donde trabaje si va en contra de su conciencia y no puede ser motivo de despido.

En cambio, el derecho a informar y a ser informado sí tiene ese límite de veracidad, al menos es lo que nos viene a decir la Carta Magna.

Es precisamente diferenciar o diseccionar ambos conceptos (libertad de expresión y derecho de información) lo que provoca grandes debates e incluso que los medios de comunicación de televisión mezclen -a conciencia o por oportunismo-ambos conceptos para identificarse y no defraudar a su mercado ideológico, o como se dice ahora, su “línea editorial” alejándose a menudo de la objetividad informativa y a la postre de la verdad pues la disfrazan con la veracidad.

Los medios de comunicación como las Televisiones (estamos viendo cada vez con más descaro cómo cadenas privadas parodian y hasta insultan a los integrantes o participantes de otras cadenas de televisión que tienen líneas editoriales diferentes) se critican las unas a las otras para influir en la sociedad haciendo valer unos determinados valores o sin-valores -según se mire-, para conseguir cuotas de poder –en lucha por el “share” o cuota de pantalla. Pero esto no es el fin último del medio de comunicación como es la TV, el fin último, no lo olvidemos, es el dinero y ante este objetivo parece que todo vale y la libertad de expresión puede ejercerse sin límites claros y en la línea roja que la separan de otros derechos como el de la propia imagen, intimidad, derechos de los menores, etc. a veces sobrepasando claramente dicha línea roja.

La televisión en España (pública o privada) tiene fundamentalmente dos clases de contenidos: los programas propios y los anuncios publicitarios.

Los anuncios publicitarios en televisión están muy controlados y regulados legalmente: destacar, entre otras la ley general de de publicidad, la ley de defensa de la competencia, Ley de protección de derechos de consumidores y usuarios, siendo los órganos de amparo: juzgados, Tribunal de la competencia, Defensor del menor, Instituto Nacional de Consumo, Ministerio fiscal, etc.

Por otro lado, los contenidos y formatos de los programas de TV son un mundo aparte del comercial. Estos medios audiovisuales aunque están sometidos a disposiciones constitucionales y otras del ámbito de los derechos de usuarios y consumidores, es en la ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual donde se ha pretendido aglutinar la legislación audiovisual dispersa y proteger al ciudadano de dos cuestiones que son muy importantes: A) De posiciones dominantes de opinión y B) de restricción de acceso a contenidos universales de gran interés o valor.

Todo este trabajo estará bajo el control del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales CEMA. Organismo de control muy discutido por sectores, sobre todo de la izquierda política española, por cuanto manifiestan que este órgano limitará la libertad de expresión y de información bajo la censura de un organismo estatal controlado por el gobierno de turno, lo que dicen, ya ocurría en el franquismo.

A mi entender, es preferible este control orgánico y público a que todas las televisiones ‘campen por sus anchas’ y veamos lo que hoy vemos en las televisiones públicas y privadas, sobretodo en estas últimas. Además este control orgánico es la base sobre la que se sustentan las normas de la Unión Europea, que establecen la exigencia de estos órganos reguladores.

Este organismo controlador, CEMA, junto con otros seis organismos de control (Comisión Nacional de la Energía, el de Competencia…), se unificarán en un organismo que los aglutine llamado CNMC (Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia) pendiente de creación.
Se pretende que la futura CNMC, trabaje por la independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio, televisión y servicios conexos e interactivos, y el cumplimiento de la misión de servicio público que le sea encomendada. Larga y ardua tarea le espera.
Nada se habla, ni directa ni claramente en esta ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual, sobre la calidad de los contenidos y programas para evitar la televisión “basura” que existir, existe. Entiendo que no puede hablar directamente la ley de esto porque las televisiones podrían hacer valer el derecho a la libertad de creación o a la libertad de empresa. No ayuda tampoco a que la ley se obligue a los medios audiovisuales a “perseguir un servicio público”. Es precisamente ese término, así genéricamente expuesto, en el que se amparan las televisiones cuando se las critica de contenidos “basura” porque se amparan precisamente en que la distracción, ocio y entretenimiento son de interés público y hacen un servicio público.
Es posible que tengan razón legal, pero hay unos límites que las TVs han sobrepasado desde hace tiempo. Por un lado, no se respeta en ocasiones los derechos del menores, se emiten contenidos (imágenes, comentarios…) en horario infantil, se denigra a la mujer en programas en donde hay sexo explícito, hay insultos, amenazas, falta de respeto, falsedades, y por otro lado, el derecho a ser informado verazmente se vulnera día a día en los medios audiovisuales. Si esto lo sumamos con que la educación en España es de las peores de Europa las líneas rojas que delimitan la colisión de derechos fundamentales se retuercen y se vuelven borrosas, casi excusables.
El ocio y divertimento no está reñido con las buenas costumbres, maneras y la no utilización de ciertas palabras o comentarios insultantes o vejatorios. Pero no nos engañemos, los medios televisivos no emitirían esos programas con esos formatos si no hubiera público que espera y consume esos programas y contenidos. ¿La TV hace a la gente o la gente hace a la TV? ¿O hay una relación simbiótica?
Mientras escribo este artículo me ha llegado una imagen atroz de Nigeria: Asesinados, quemados vivos decenas de cristianos apilados en el suelo. La foto es monstruosa. ¿Han oído o visto ustedes algo sobre esta reciente matanza en la TV?
Ocultar información porque no tiene interés periodístico-si fuese esa la razón que se argumente- provoca que la información que la sustituye sea una información parcial y con el tiempo se transforma en inveraz por incompleta y vulneraría la Constitución.
El Límite que la ley 7/2010 establece para los contenidos en televisión es la que se señala en su artículo 40:
“El servicio público de comunicación audiovisual es un servicio esencial de interés económico general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España, y difundir el conocimiento y las artes, con especial incidencia en el fomento de una cultura audiovisual. Asimismo los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual atenderán a aquellos ciudadanos y grupos sociales que no son destinatarios de la programación mayoritaria.
En cumplimiento de las misiones establecidas en el párrafo anterior, el servicio público de comunicación audiovisual tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio, televisión y servicios de información en línea con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los géneros, destinadas a satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad y a preservar el pluralismo en los medios de comunicación.”
Quizás con la observancia y cumplimiento estricto de este artículo por parte de los medios audiovisuales bastaría para que los españoles tengamos una televisión, pública o privada digna y respetuosa con mayorías y minorías y respetuosa con los derechos fundamentales sin necesidad de apoyarse en la ‘telebasura’ sino en la calidad y el respeto propio y ajeno y ser informado verazmente de todo, de todo.
El problema es que: 1º Los órganos de control de esos entes están politizados (sobre todo en las Comunidades Autónomas) y 2º Es muy lenta y poco ejemplarizante la justicia cuando se acude a ella, al contrario que los controles de la publicidad y el consumo.
Son los contenidos de las televisiones (series, concursos, películas, tertulias, informativos, entrevistas…) lo que provoca, al amparo de la libertad de expresión, a mi entender, grandes daños a las personas y no sólo en su derecho de la comunicación (dar información y ser informados de forma veraz). Los límites al derecho de información y a la libertad de expresión son precisamente otros derechos y libertades constitucionales como el derecho al honor, (calumnias injurias, difusión de imágenes que incitan a la violencia contra determinados grupos), derecho a la intimidad, familiar y personal (Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo) derecho a la protección de datos de carácter personal (LO 15/1999 de 13 de diciembre) derecho a la propia imagen, derecho del menor ante los medios de comunicación (convenio de los derechos del niño 1989).

Como he dicho antes, el discurso comercial (La Publicidad) está muy regulado, controlado y se cumple en mayor o menor medida. Los medios están alerta y son cautelosos. ¿Por qué el discurso público (contenidos en televisión como tertulias de opinión, entrevistas a políticos, algunos telediarios…) no lo está? ¿Por qué estos discursos públicos se amparan en el derecho a libertad de expresión y no se someten en ocasiones a la verdad, o, al menos, como dice la Constitución, a la veracidad?

Entiendo que no existen suficientes razones analíticas ni constitucionales para ese desequilibrio tan grande en diferenciar entre discurso comercial (restricciones legales) y el discurso público (libertad expresión).

Se ha visto en TV momentos que demuestran el trato diferenciado entre ambos discursos. Un locutor que en una tertulia critica, sin respeto a la verdad ‘ni a veracidad’ y con sarcasmo y desprecio a cierto sector de la población, incluso a compañeros periodistas, de repente el mismo comentarista hace una pausa y sobreimpresionado en pantalla aparece la mención Publicidad y el locutor de forma mecánica, pronuncia un discurso comercial para la venta de cierto producto, lo hace sin faltar a la verdad, con pulcritud y sin violar derechos fundamentales. Termina el mensaje publicitario y a continuación vuelve a su ‘status’ anterior en su crítica destructiva, vejatoria con comentarios de mal gusto que atentan a la verdad y a derechos fundamentales como el honor o la propia imagen.

O, simplemente, lo que ocurrió recientemente en un programa de TV en Cataluña, disparando con lo que parecía un arma de fuego a las figuras del Rey de España y a escritores y periodistas críticos con la línea editorial de esa cadena. ¿Por qué tanta pulcritud en el discurso publicitario y tan poca en otros discursos públicos en TV?. La respuesta puede ser que el control y las sanciones en el ámbito de la publicidad y los derechos de los consumidores- lo que venimos a llamar discurso comercial- funcionan mejor que en el ámbito de los medios audiovisuales y porque un político, un analista económico o cualquier tertuliano que habla en TV tiene sobre él mismo y en lo que dice, no solo el límite en sus expresiones que le marca la Constitución sino la de su conciencia, su “propia” ética y la de su cultura.

La finalidad del Concurso es mantener la actividad empresarial del concursado, y, por tanto, a que se cumplan las obligaciones que tenía el moroso antes de su declaración en concurso, entre las que están las de pagar las cuotas de comunidad correspondientes por ser titular de inmuebles con los que desarrolla su actividad.
Desde este despacho animamos a las comunidades de propietarios a instar el concuso necesario de las empresas o de particulares morosos, por los siguientes motivos:Porque el crédito de cuotas de comunidad del que promueve el concurso necesario va a ser considerado privilegiado general en un 50 por ciento, conforme al artículo 91 n º 7 de la Ley Concursal.
Porque desde la ley 38 / 2011 de reforma de la le ley concursal, se introduce como novedad la posibilidad de declaración de concurso, necesario, (y en consecuencia sin audiencia ni contracción previa con el demando, a tenor del artículo 18 de la Ley concursal) en los supuestos del artículo 15. 1 Ley Concursal, es decir, cuando la solicitud se fundara en un embargo infructuoso, o en una investigación de patrimonio infructuosa, o se basase en una declaración administrativa o judicial de insolvencia.

Porque desde la reforma, que se aplica desde enero de 2012, se han reducido significativamente los costes temporales y admnistrativos del Concurso, y se ha ampliado el ámbito del denominando concurso abreviado, que el juez podrá aplicar en los casos en los que la valoración de los bienes y derechos del deudor no supere los 5 millones de euros, y si la lista de acreedores presentada por el deudor no supere los 50 acreedores.

Por tanto una COMUNIDAD DE PROPIETARIOS puede instar el concurso de acreedores (SUSPENSION DE PAGOS) contra el vecino MOROSO (sociedad o persona física) y controlar con el administrador concursal el cobro de cuotas impagadas y las que se vayan generando MENSUALMENTE. Además de suponer una inmejorable situación para llegar a un acuerdo, que el MOROSO reaccione y pague todo lo que debe mediante acuerdo.En el caso de que la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS no sea la que promueva el concurso de acreedores (sea un banco, agencia tributaria…) en el caso de cuotas de comunidad que se hubieren generado con anterioridad a que la empresa fuera declarada en concurso, es importante para la Comunidad de Propietarios que se notifiquen a la Administración concursal para que se compute como crédito concursal. Para ello tendrá un plazo de un mes desde que se publicó en el BOE la declaración de concurso de la empresa.

Sin embargo si se trata de cuotas de comunidad que se han generado después de la declaración de concurso, se consideran “créditos contra la masa”, ex artículo Art. 84.2.10º LC, debiendo abonarse las mismas a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso (Art. 154.2) LC.
En este caso, la Comunidad tendrá que ir comunicando a la Administración concursal las cuotas que vayan venciendo para se abonen de forma inmediata, salvo que estemos ante un caso en el que no haya “masa activa” o patrimonio suficiente para hacer dichos pagos. En el caso de que no se proceda a su pago, la Comunidad estará legitimada para presentar una demanda de “incidente concursal” mediante Abogado y Procurador a fin de pedir al Juez que califique dichas cuotas impagadas como créditos contra la masa y condene a la administración concursal a su pago.
Al respecto dejamos citada la sentencia n º 294/ 2012 Sentencia a.C. Murcia 294/2012 de 26 de abril.
Este despacho de abogados y economistas tiene experiencia y reconocimiento por aplicar soluciones efectivas y directas a los problemas de sus clientes.
Cesáreo Guerra Galí,
Abogado