Margarita García López
Economista
GUERRA ABOGADOS
www.guerra-abogados.com

En su primer día en prisión, su pensamiento se centra, fundamentalmente, en la injusticia que supone su situación, el repaso mental de la vista del juicio, en su familia y, sobretodo, en el miedo y desorientación inmediata que provoca estar en una nueva y desconocida comunidad de vecinos: la Comunidad Penitenciaria. Un “país” diferente a todos en los que ha vivido y trabajado, con un sistema con reglas diferentes, personas que expresan sus dispares ideologías y Credos religiosos en cualquier momento, con singulares “guardianes” que dirigen, controlan y  mandan en su vida y con personas que vienen del exterior de la comunidad para intentar ayudar a los presos, psicopedagogos, profesores, sacerdotes, religiosos de otras confesiones, voluntarios sociales, etc.

Ricardo comprueba inmediatamente que en prisión tiene mucho tiempo para reflexionar y busca, para su alivio inmediato, el recuerdo de su juventud en el que, junto con sus padres y hermanos, vivía con felicidad, y de forma comprometida, la fe de Cristo. ¿Qué me ha pasado?, se lamenta Ricardo. Este recurso al pasado y a la familia no es ajeno a la mayoría de las personas: ¡siempre nos acordamos de Santa Rita cuando truena!, exclama ¡Que alejado de Dios he estado! sigue lamentandose.

Pregunta Ricardo a un funcionario de prisiones por los servicios religiosos del centro penitenciario. El funcionario le pregunta ¿Cuál? ¿Islámico, evangélico, judío, cristiano…? “pues cristiano claro, señala Ricardo”. El  funcionario le comenta que viene al Centro, una vez por semana, un cura del pueblo y que para verle tiene que apuntarse en una lista para recibir este servicio y que también hay un lugar habilitado  en el Centro que el horario es de 12’00 a 13’00. Le informa también que no se permite ningún acto religioso en el centro penitenciario que no sea el autorizado por el Centro para casos especiales y aquellos actos y servicios que el Centro les ofrece a las personas de confesión católica gracias a la Orden de 24 de Noviembre de 1993 sobre el acuerdo para la asistencia  religiosa católica en Centros Penitenciarios. No obstante, señala el funcionario de prisión no se preocupe, la próxima semana viene la cantante Chakira a dar un concierto en directo en el Auditorio del Centro Penitenciario y que, además es gratuito para todos los presos.

Ricardo no está para conciertos y ve como pasan los días y el sacerdote no llega. A nadie le interesa ayudar a Ricardo. En el Centro hay un nerviosismo inusitado por la llegada de la cantante.

Pide una copia del reglamento penitenciario, y no lo consigue, pide explicaciones o información y nada obtiene, la indiferencia en sus necesidades quizás sólo puede atajarse con dádivas o favores recíprocos y no sabe cómo hacerlo, es un novato en este Centro. Pero, el pago de favores por otros… ¿no es esta una justicia conmutativa que he practicado en mi anterior trabajo?…”No quiero repetir las mismas faltas”. Ricardo reza para que llegue el domingo y hablar con un sacerdote. Está completamente perdido y echa de menos su trabajo donde se sentía seguro, sin miedo.

Ricardo comprueba como hay presos en su nueva comunidad que salen de prisión para recibir toda clase de servicios como, clases de música, de formación profesional, de idiomas, cursos sobre derechos humanos y ciudadanía, de cocina española, habilidades de autonomía personal,  sobre conocimiento de Parques Naturales etc.

Por fin Ricardo accede, a través de su abogado, a un ejemplar de la normativa penitenciaria y comprueba que estas salidas de prisión están reguladas en el reglamento penitenciario español al permitir a los presos de segundo grado que tengan un perfil de baja peligrosidad social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de condena obtener un permiso para salir fuera del Centro a una Institución exterior para la realización de un programa concreto de atención especializada siempre que sea necesario para su tratamiento y reinserción social. La salida no podrá exceder de más de 8 horas/día. “Yo con dos horas al día me conformaría” exclama Ricardo.

Feliz, insta una solicitud a la Junta de Tratamiento penitenciaria en la que explica, con remordimiento, que ha trabajado en el sistema financiero durante 10 años sin anteponer ninguna regla moral salvo la ‘moral práctica’, porque el sistema financiero está generalmente huérfano de estas reglas, y que necesita, antes de salir de prisión- dos años le quedan- un “tratamiento”  para reconducir su vida, personal y profesional, por la senda de la moral y que, al ser cristiano católico, y entender que moral y religión van unidas,  quiere y desea con fervor, que le dejen salir fuera del Centro Penitenciario a la celebración de la Santa Misa en su Iglesia donde iba de pequeño y que casualmente está cercana a este Centro Penitenciario y también quiere tener la oportunidad de hablar con un sacerdote de su confianza que se llama P. Cappellini, que cree que todavía vive aunque hace 15 años que no le ve.

Recuerda en su escrito a la Junta que el reglamento penitenciario español señala que para la consecución de la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad la Administración está obligada a dar programas formativos orientados, a desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades técnicas o profesionales y compensar sus carencias y que utilizará los programas y las técnicas de carácter psicosocial que vayan orientadas a mejorar las capacidades de los internos y a abordar aquellas problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento delictivo anterior. Así mismo la normativa obliga a potenciar y facilitar los contactos del interno con el exterior contando, siempre que sea posible, con los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales en las tareas de reinserción.

La Junta de Tratamiento resuelve denegando la petición de Ricardo argumentando que el Programa de Tratamiento no está contemplado para estos servicios en el exterior del Centro, que el servicio religioso se puede recibir en el Centro Penitenciario y que  se le ofrece al solicitante una serie de cursos que pueden suplir parte de sus necesidades y que además son gratuitos pues están becados por entidades financieras ubicadas en Nueva York, Londres o Madrid y también por el Fondo Social Europeo.

Que si se concediera al solicitante lo que pide, tendría que ir acompañado por un funcionario y que esta clase de acompañamientos no se contemplan en la praxis y normativa penitenciaria.

Que su caso tampoco puede concederse como un permiso extraordinario. Que el caso del preso Ortegui que comenta el solicitante  es diferente al suyo pues el preso Ortegui ha salido porque tiene a su madre enferma y muy mayor y en ese caso se aplica el artículo 155 del Reglamento Penitenciario, y el solicitante sólo quiere ir a misa y a visitar a un sacerdote de su confianza, y esta solicitud no tiene encaje en el reglamento penitenciario.

Que no obstante lo anterior, señalarle a D. Ricardo G., que  la  Orden de 24 de Noviembre de 1993 publicada en el BOE el 14 de Diciembre de 1993 es un acuerdo firmado entre la Santa Sede y el Estado español que le garantiza la asistencia religiosa católica que el solicitante pide. Gracias a dicha Orden tiene el solicitante, entre otros derechos, misa en la capilla de este Centro que está oficiada por el Sacerdote nombrado por el Ordinario del lugar y con la autorización de Instituciones Penitenciarias. La misa se celebra todos los domingos y las festividades católicas.

Que otras confesiones religiosas como son la Islámica, Judía y evangélica tienen también permiso, por una normativa de rango superior como es un Real Decreto (RD 710/2006 de 9 de junio) para el ejercicio de sus respectivos cultos en este Centro. Para estas confesiones no es obligatorio para este Centro habilitar un lugar de culto pero para la católica es obligado financiar y habilitar uno a los presos según la citada Orden y así se tiene una pequeña capilla al otro lado del Centro ZONA B.

Que los derechos de estos servicios religiosos emanan de los principios de libertad religiosa de la Constitución española, de la Ley Orgánica 7/1980 de 5 de julio de libertad religiosa y, en lo que a Centros penitenciarios se refiere, el artículo 230 del Reglamento Penitenciario en su apartado: Libertad religiosa, señala:

1. Todos los internos tendrán derecho a dirigirse a una confesión religiosa registrada para solicitar su asistencia siempre que ésta se preste con respeto a los derechos de las restantes personas. En los Centros podrá habilitarse un espacio para la práctica de los ritos religiosos.

2. Ningún interno podrá ser obligado a asistir o participar en los actos de una confesión religiosa.

3. La Autoridad penitenciaria facilitará que los fieles puedan respetar la alimentación, los ritos y los días de fiesta de su respectiva confesión, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, la seguridad y vida del Centro y los derechos fundamentales de los restantes internos.

4. En todo lo relativo a la asistencia religiosa de los internos se estará a lo establecido en los acuerdos firmados por el Estado español con las diferentes confesiones religiosas.

Ricardo se llena de alegría, da gracias a Dios por encontrarse en  un Centro Penitenciario español y medita lo siguiente:

Tengo por delante dos años para acercarme nuevamente a Dios. La Iglesia, como siempre, está con los que más desfavorecidos. En este caso con los que están privados de libertad jurídica que no moral, parece. En este Centro los presos hablan de su religión con cierta libertad, leen textos religiosos con libertad, los católicos participamos en ceremonias religiosas sin que, por ejemplo, exista temor a que se queme intencionadamente la capilla, o entren en la misma de forma indecorosa en plena celebración religiosa, como está ocurriendo fuera de esta Comunidad penitenciaria (Capilla de UCM; Capilla en Sarriá, Barcelona etc; y fuera de España: Nigeria, Costa Rica…por recordar algunos más recientes). Aquí en esta comunidad existe un cierto respeto, una cierta tolerancia que no he observado fuera.

Creo que sentirse/estar en comunidad por condena penal hace a las personas algo más tolerantes en los respectivos Credos, al menos, entre los que están en esa comunidad a la que pertenecen.

Si bien no están permitidas las imágenes religiosas fuera de mi celda, no me siento extraño honrar a Dios y hablar de El con otros presos, incluso con presos que procesan otras religiones.

He malgastado 10 años de mi vida. Las palabras del Santo Padre Benedicto XVI en “Caritas in Veritae” me reconfortan y me dan esperanza:

“Nos preocupa justamente la complejidad y gravedad de la situación económica actual, pero hemos de asumir con realismo, confianza y esperanza las nuevas responsabilidades que nos reclama la situación de un mundo que necesita una profunda renovación cultural y el redescubrimiento de valores de fondo sobre los cuales construir un futuro mejor”.

“El sector económico no es ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial por naturaleza. Es una actividad del hombre y, precisamente porque es humana, debe ser articulada e institucionalizada éticamente.

El gran desafío que tenemos, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y agravado por la crisis económico-financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las ideas como de los comportamientos, que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria”.

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El día 1 de Noviembre ha entrado en vigor el RD 1493/2011 por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación. En virtud del mismo, los becarios o estudiantes en prácticas tendrán derecho a ser dados de alta en la Seguridad Social con las particularidades que a continuación se expondrán.

Contenido y características de los derechos y obligaciones del becario:
1. Tendrán que participar en un programa de formación no exclusivamente lectivo, con prácticas formativas en empresas, instituciones u otras entidades.
2. Las prácticas deben ser remuneradas
3. Los programas deben estar vinculados a los estudios universitarios o de formación profesional.
4. La cotización para el trabajador es de 6,05 euros
5. La acción protectora para este colectivo es la misma que la que corresponde al Régimen General pero con exclusión de desempleo y FOGASA.
6. No genera antigüedad ni derechos indemnizatorios, por lo que no constituye una auténtica relación laboral.
Contenido y características de los derechos y obligaciones de la empresa:

1. La empresa estará obligada a solicitar un nuevo código de cuenta de cotización específico para estos trabajadores.
2. La incorporación será desde el 1 de Noviembre de este año para los becarios que se encuentren en este momento en los programas mencionados.
3. El plazo de pago para las cuotas de Noviembre y Diciembre es hasta el 31 de Enero, es decir, para las de Noviembre dispone de un mes adicional.
4. La cotización para la empresa es de 34,51 €.

Becarios trabajando como tales, en un programa en desarrollo en el momento de entrar en vigor el RD 1493/2011.

1. Quienes se encuentren realizando programas formativos a la entrada en vigor de este Real Decreto, podrán solicitar la suscripción de un convenio especial por el período de formación ya realizado.
2. La cotización por dicho convenio será igual a la cotización al Régimen General que corresponda por tales programas.
3. En estos casos, el plazo para la solicitud de código de cuenta de cotización por parte de la empresa es hasta el 30 de Noviembre de 2011.

Participantes en programas de formación antes de la entrada del Real Decreto 1493/2011

Las personas que se hubieran encontrado en situación de becarios antes de la entrada en vigor de ese Real Decreto, pueden suscribir un convenio especial con la Seguridad Social teniendo en cuenta los siguientes puntos:
1. La participación en programas formativos debe ser acreditada con certificación expedida por el ente que los haya financiado, o por cualquier medio de prueba válido en derecho.
2. Asimismo deberá ser acreditada la duración del programa
3. El plazo para la solicitud del convenio vence el 31 de Diciembre de 2012. En caso de no poder aportar los justificantes de la realización de las prácticas, podrá solicitarse un plazo adicional de hasta 6 meses para la aportación de las mismas.
4. La base de cotización por el convenio es la base mínima de cotización vigente en los períodos que se acrediten las prácticas. Calculada la cuota íntegra correspondiente a dichas bases, se multiplica por 0,77 y esa será la cuota a ingresar
5. El pago de las cuotas puede hacerse en un pago único o fraccionado en un número máximo de mensualidades igual al doble de aquellas por las que se formaliza el convenio.
6. Se entenderán incluidas en este colectivo las personas que hubieran participado en programas de formación de naturaleza investigadora antes del 4 de noviembre de 2003.

Yo me pregunto: ¿por qué se deposita tanta confianza en un Juez, para que solucione un contencioso entre partes, si todos los estudios realizados indican que la ciudadanía española tiene una mala opinión sobre el funcionamiento de la Justicia? Esta actitud de los españoles es contradictoria. Por un lado, “no quiero mediador” (para una posible solución extrajudicial). Por otro, “no me fío de los procesos judiciales” (lentos, costosos, inciertos…) pero, no obstante, “me voy al juzgado”. Y es que se acude muchas veces a los juzgados con una única idea: la venganza (“¡se va a enterar la otra parte!”, “me voy a querellar contra el/ella!”).

Los motivos por los que generalmente no se recurre a la ayuda de un mediador son, a mi entender, estos: la ira que se despierta en las personas en general cuando nos provocan un problema, el ansia de venganza, el desconocimiento de lo que es la mediación, la poca práctica que los profesionales tenemos en ella, la desconfianza en la parte contraria o el creer que ofrecerle esta opción al “enemigo” es una debilidad.

En España, se ha elaborado un proyecto de ley  para la creación de una Ley de Mediación Civil y Mercantil pero finalmente no ha sido aprobado en el Congreso y habrá que esperar, al menos, hasta la próxima legislatura para su puesta en marcha. En nuestro país siempre ha existido una labor mediadora por parte de algún familiar, un amigo, un abogado….en definitiva de “UN HOMBRE BUENO”, como se ha llamado siempre, y se sigue llamándose en el ámbito laboral para conciliar posturas enfrentadas o inlcuso instando una demanda de conciliación en el juzgado (de bajo coste y de tramitacion rápida).

En resumidas cuentas, de lo que se trata es intentar desahogar a los juzgados de tantos asuntos. Aunque esto está por ver, porque la mediación civil y mercantil siempre se ha podido practicar sin regulación legal. El problema es que los españoles no estamos acostumbrados a esta fórmula, que en cambio sí funciona en otros países como EEUU o Rusia. Por poner un ejemplo, en países de nuestro entorno como Francia e Inglaterra la implantación de la mediación ha reducido un 30% la litigación tradicional. En mis más de 15 años de profesión de abogado he intentado por todos los medios que los clientes no vayan a juicio, si se puede evitar con un acuerdo, y de poco ha servido.

El cliente te ve como un abogado diferente y raro si le propones hablar con “su enemigo” para llegar a un entendimiento que desemboque en un acuerdo. Ya no te cuento si el cliente viene acompañado de cónyuge a las reuniones (“¿de qué habla este abogado?” “a mí no parece suficientemente agresivo” “ me da que no es de esos abogados de las pelis cuando habla en el tribunal y todo eso”). No obstante, algunos ejemplos en los que se me ha pedido ser mediador han sido fundamentalmente conflictos entre miembros de una misma familia que, por ejemplo, son socios en una sociedad, o comuneros una comunidad hereditaria (esto me parece bien, es un comienzo.). Pero colaboremos en esa iniciativa de agilización de la justicia: ¿Cómo se puede ayudar a que las personas sepan de este servicio de mediación y además lo pidan?

Al igual que en los contratos (en general en todos) siempre se ha puesto -al final- que las partes se someten a los juzgados de tal ciudad o al arbitraje de tal persona o entidad, y se someten a una determinada ley para interpretar el contrato, un primer paso sería que se incluyera en el contrato otra cláusula con el texto siguiente: “ las partes, antes de instar acciones judiciales o arbitrales, deberán, durante el plazo de 20 días hábiles desde que una de las partes lo pida fehacientemente a la otra, pedir al mediador Don/Doña.…………(o la sociedad….…S.L.a quien en este documento se nombra como Mediador, que comience el trabajo necesario para intentar acercar a las partes a llegar a un acuerdo sobre el /los conflicto/os que puedan surgir entre las partes, redacte en su caso el acuerdo, obligándose las partes, si estas lo aceptan, a afirmarlo en un notario nombrado por el mediador y en el plazo que éste señale. Este plazo de 20 días puede ser prorrogado por acuerdo fehaciente de ambas partes. El coste que suponga el pago de los servicios de mediador y del notario será satisfecho por mitad por ambas partes. Para esta mediación, será de aplicación la Ley de Mediación Civil y Mercantil cuando sea aprobada y publicada, y mientras tanto, será de aplicación lo dispuesto en el Código Civil”.

A pesar de que en Europa no hay ningún estado que la contemple en su legislación, la Unión Europea se ha comprometido a luchar por su abolición, calificándola como un castigo cruel e inhumano, con el que no se hace justicia a las víctimas de los crímenes cometidos. La pena de muerte persiste aún porque en algunos países se le hace propaganda como un freno a la criminalidad, “lo cual no es cierto”, asegura Federico Mayor Zaragoza

En este punto es en el que queremos reflexionar. ¿Cómo se le puede poner freno a esa criminalidad?

En Europa no está vigente esa pena pero aquí jugamos en otro plano. Vivimos en una sociedad en la que delinquir no sale caro, o al menos no todo lo caro que debería. Muchas de las personas que entran en prisión lo hacen sabiendo que en pocos años o meses empezarán a disfrutar de beneficios penitenciarios que le permitirán volver a casa. Desde nuestro punto de vista, hace falta un endurecimiento de las penas como medida disuasoria. Si la reinserción es el fin último del programa penitenciario, es preciso que estemos seguros de que es eso a lo que aspiran las personas encarceladas. Cuando cometen un delito han de saber exactamente a qué se enfrentan y, de hacerlo, permanecer el tiempo necesario hasta que estemos seguros de que su voluntad reinsertarse es real y está al mismo nivel que la de los contribuyentes que pagamos ese proceso.

El PP ha levantado la liebre incluyendo en su programa electoral una reforma del Código Penal que incluya la cadena perpetua revisable y las reacciones no se han hecho esperar, como el de Antonio Alcalá. El presidente de la Audiencia de Málaga ha asegurado que entendería la medida en casos “absolutamente extremos y graves” y que esta estaría “acorde con la finalidad que debe tener la pena, porque si es revisable se cumple con lo que dice la Constitución de la reinserción”.

La asociación Jueces para la Democracia que considera que se trata de una “opción política” que no supondría ninguna colisión con la Constitución si se establece que la pena sea revisable periódicamente para facilitar la reinserción. Pero ante todo cree que las penas desproporcionadas no solo son inútiles, sino que, a menudo, “resultan contraproducentes”.

Salga adelante o no esta medida, es necesaria una revisión del sistema actual que nos permita tener la garantía de que quien comete un delito cumplirá la condena pertinente.

Me parece sorprendente la sentencia del Tribulal Supremo pues, en mi opinión, faltan elementos esenciales como es la decisión expresa, libre y consciente de la mujer para divorciarse.

Por otro lado el Código Civil, en su artículo 88, señala que los divorciados podrán contraer entre sí otra vez nuevo matrimonio. ¿Qué dice de este posibilidad la mujer que está en coma?, quizás en su silencio hubiera recapacitado y se quiera volver a casar con su ahora ex-marido, quien ha defendido el vínculo estos años hasta que el TS ha decidido que su matrimonio se disuelve como un azucarillo.

Disolver un matrimonio  en la situación en que se encontraba la mujer no le aporta nada a esta pues, desgraciadamente, no podrá casarse con otro por faltar el elemento del CONSENTIMIENTO del art 61 del Código Civil ¿o es que los padres/tutores de la mujer en coma pueden suplir ese consentimiento y casarla ahora que está soltera con otro Sr. ? Lo que faltaba!! pueden divorciarla y casarla de nuevo ¿no? ¿porqué? Abierta la veda…. Si los padre tutores, según el TS, tienen facultades para divorciar a su hija en coma ¿lo tendrán para casarla de nuevo? Al menos al exmarido le permite ahora la ley casarse con otra mujer. Seguro que no era su propósito: defender el vínculo pese a las circunstancias de salud de su mujer me parece un gran gesto.

Os dejo la noticia a la que hace referencia esta reflexión:

- El Supremo valida el divorcio de una mujer en coma que pidieron sus padres.

- El Supremo avala el divorcio de una mujer en coma solicitado por sus padres.